Lideresa sindical interpone denuncia contra violencia digital

La secretaria general del Sindicato Progresista, Luisa Martín, denunció que en los últimos días ha sido víctima de ataques y calumnias en cuentas de redes sociales debido a su trabajo social y sindical.

Mérida, Yucatán, 6 de marzo de 2026.- La secretaria general del Sindicato Progresista de los Trabajadores del Poder Judicial, Luisa Inés Martín Puc, interpuso una denuncia penal asentada en el expediente UNADT-2462/2026, en contra de quienes resulten responsables por la violencia digital y mediática ejercida en su contra en diversas cuentas de redes sociales, ataques que surgieron debido a su trabajo social a favor de los derechos de las mujeres víctimas de violencia.

La lideresa sindical acudió este viernes a las instalaciones de la Fiscalía General de Yucatán para presentar la denuncia, recalcando que llegará hasta las últimas consecuencias, sobre todo para sentar un precedente de que las mujeres no van a permitir este tipo de agresiones digitales cometidas por parte de personas anónimas.

Explicó que la denuncia es en contra de quienes resulten responsables, debido a que en los últimos días ha sido víctima de violencia digital y mediática, así como de difamaciones y calumnias, a través de diversas cuentas de la red social Facebook.

“Es inaudito que en la antesala del #8M esté viviendo este tipo de ataques por parte de personas, quienes desde el anonimato, pretendan desprestigiar con mentiras mi trabajo social y sindical”, sostuvo.

En ese sentido, Luisa Martín señaló que es totalmente falso que utilice su posición como dirigente de un sindicato para “mover influencias” que favorezcan a personas en los juicios relacionados con violencia de género

Lo que sí dejó claro es que refrenda su sororidad y alianza con liderazgos de activistas feministas que todos los días acompañan a mujeres víctimas de violencia y que luchan por recuperar a sus hijas e hijos, pero sobre todo que exigen un Yucatán más justo. 

“Estos cobardes ataques sin sustento no van a detener mi lucha social y sindical, por eso decidí presentar esta denuncia, para sentar un precedente y alzar la voz para que ninguna mujer más sea víctima de este tipo de violencia digital”, reiteró.

Por último, enfatizó que nunca se va a quedar callada ante estas agresiones y reiteró que sus compañeras feministas cuentan con una aliada que las respalda.

Crisis en la Fiscalía de Morelos; omisiones, confusión y reclamos sociales.

Gustavo Dorantes Esquivel.

 

La desaparición de varias personas en el Estado, entre ellas dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ha desatado una ola de indignación estudiantil, social y de reclamos hacia las autoridades encargadas de la procuración de justicia. 

Familiares de Cristian Martínez y Ricardo Benjamín Blutón, desesperados por la falta de resultados, acusan a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía de Personas Desaparecidas de actuar con ineficacia y lentitud en la activación de protocolos de búsqueda.

En medio de esta crisis, el Fiscal General Fernando Blumenkrón difundió un video en el que se le observa visiblemente alterado, con gestos de frustración y desconexión de la realidad. 

En el mensaje, el funcionario lamenta lo que pudo haberse logrado si los protocolos se hubieran aplicado de manera oportuna y correcta, al tiempo que critica la politización de la institución en un momento en que la sociedad exige respuestas concretas.

La situación interna de la Fiscalía de Morelos, ha sido calificada como “anárquica”, lo que contrasta con el llamado de la Gobernadora Margarita González Sarabia a “ordenar la casa” y dar certidumbre a los morelenses. 

Sin embargo, la falta de resultados y la omisión en atender los reclamos ciudadanos han profundizado el descontento social.

A esta crisis se suma la confusión conceptual del propio fiscal, en declaraciones recientes, Blumenkrón habló del “debido proceso” cuando en realidad debía referirse a la debida diligencia en la integración de las carpetas de investigación, particularmente en el caso de la joven desaparecida Kimberly. 

Este error para un servidor público que lo pintaron como una de las maravillas del mundo, revela un desconocimiento de los términos fundamentales en materia penal y genera preocupación sobre la capacidad técnica del funcionario. 

Si en aspectos básicos se muestra ignorancia, la pregunta que surge es ¿qué tan grave puede ser su actuación al frente de la institución encargada de procurar justicia?

Diversos sectores señalan que la apatía y el escaso compromiso del Fiscal General han debilitado la confianza en la institución, dejando sin respaldo a las familias que buscan justicia y aumentando la percepción de abandono en un tema tan sensible como la desaparición de personas.

Rinde protesta nuevo Comité del Sindicato Progresista con llamado a redoblar esfuerzos

-La secretaria general Luisa Martín anunció que en breve arrancará la etapa legal de conseguir ser el titular mayoritario, dejando claro que las y los trabajadores judiciales necesitan Condiciones Generales más justas.

-“Primero están los derechos de los trabajadores, no los intereses personales de nadie, ni las aspiraciones egoístas de quienes han defraudado a la base trabajadora”, sostuvo.

Mérida, Yucatán, 1 de marzo de 2026.- Con un llamado a redoblar esfuerzos en la lucha por la defensa de los derechos laborales, el nuevo Comité Ejecutivo del Sindicato Progresista de las Trabajadoras y los Trabajadores del Poder Judicial rindió protesta para el periodo 2025-2029, directiva encabezada por la secretaria General Luisa Inés Martín Puc, quien fue respaldada por sus agremiados para continuar al frente de esta agrupación por cuatro años más.

Ante autoridades de los diferentes órdenes de gobierno y aliados de este movimiento sindical, la lideresa sostuvo que los servidores públicos judiciales trabajan con humanismo,  profesionalismo, de frente a la ciudadanía, con transparencia y honestidad. 

“Tenemos la firme convicción y responsabilidad de regresarle la confianza a la gente, que sepan que la justicia sí se aplica y que estamos para ayudarles”, sostuvo.

Durante su mensaje, Luisa Martín recordó cómo fue el proceso de conformación del Sindicato Progresista hace casi cinco años, los objetivos alcanzados durante este tiempo, así como las luchas sociales y legales que emprendieron para enfrentar los fuertes embates que amenazaron la estabilidad laboral de sus agremiados, como la Reforma Judicial del 2022 y la Ley del Isstey que impuso la anterior administración estatal. 

“Tuvimos que defender  nuestra casa y a nuestra gente. No íbamos a permitir que intereses mezquinos aplastaran al sistema judicial de Yucatán. A diferencia de otros representantes sindicales, no nos quedamos callados. En unidad luchamos por nuestra dignidad y por nuestro futuro y demostramos que nadie podrá denigrar a los trabajadores judiciales”, recalcó.

También anunció que en breve arrancará la etapa legal de conseguir ser el sindicato titular mayoritario del Poder Judicial, dejando claro que las y los servidores públicos necesitan Condiciones Generales de Trabajo más justas e impedir retrocesos en sus conquistas laborales. 

“Porque primero están los derechos de los trabajadores, no los intereses personales de nadie, ni las aspiraciones egoístas de quienes llevan años defraudando a la base trabajadora”, recalcó.

En el acto, el subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político, Pablo Castro Alcocer, en representación del gobernador Joaquín Díaz Mena, se encargó de rendirle protesta al nuevo Comité Ejecutivo, destacando el compromiso de los trabajadores progresistas en hacer realidad la transformación del Poder Judicial con una visión humanista y cercana al pueblo.

Por su parte, el magistrado Hernán Vega Burgos, del Tribunal Superior de Justicia,  precisó que la justicia no sólo se construye con las resoluciones y sentencias de los juzgadores, sino de la mano de la labor silenciosa de la base trabajadora que todos los días ponen de su parte para que ésta sea pronta y oportuna.

También hizo uso de la voz el magistrado Mauricio Cantón Dáguer, del Tribunal de Disciplina Judicial, quien invitó a formar sinergias y a la colaboración mutua en beneficio de los trabajadores y la ciudadanía.

De igual manera, la diputada Clara Rosales Montiel, en representación del Congreso del Estado, aprovechó su mensaje para resaltar la valentía de las y los trabajadores progresistas en momentos difíciles que pusieron en riesgo al Poder Judicial.

Rindieron protesta Fátima Beatriz Cerda Varguez, secretaria de Finanzas; Landy Hernández Villamil, secretaria de Organización; Sheyla Ruby Valdéz Baeza, secretaria de Actas; Marco Pérez Ávila, secretario de Promoción Sindical y Eduardo Falcón Ucán, secretario de Conflictos.

“Ordenar la casa es ordenar Morelos" es el eslogan que se estrella contra la Fiscalía morelense

Por Gustavo Dorantes Esquivel.

 

El lema “Ordenar la casa”, con el que la Gobernadora de Morelos pretende simbolizar un combate frontal contra la corrupción, se convierte en un espejismo cuando se observa lo que ocurre dentro de la Fiscalía General del Estado. 

Allí, la consigna se diluye entre privilegios, nepotismo y omisiones que perpetúan la impunidad.

 

La permanencia de Norma Toledo Camacho en posiciones de poder, pese a estar jubilada con una de las llamadas pensiones doradas, es el ejemplo más claro de cómo el discurso oficial que se contradice en la práctica. 

Su influencia no solo se mantiene, sino que se expande a través de familiares y allegados incrustados en la institución, bajo la bandera del nepotismo y la arrogancia de ser “parientes de la Fiscal Toledo”.

 

Mientras se habla de limpiar las instituciones, en la Fiscalía se tolera que personal bajo su dirección incumpla funciones, maltrate a visitantes y deje en el vacío a las víctimas.

Toledo Camacho, protege a esos servidores públicos y justifica sus actos con el pretexto de obedecer instrucciones del Fiscal General Fernando Blumenkrón, convirtiendo la institución en un feudo personal.

  

El espacio que debería ser un bastión de apoyo y acompañamiento se ha transformado en un símbolo del desorden. 

Ministerios Públicos bajo su mando ofrecen asesorías deficientes, omiten impulsar investigaciones y perpetúan la desprotección de las mujeres. 

El centro de justicia para las mujeres, en lugar de ser un aliado de las víctimas, se ha convertido en un refugio de omisiones.

 

En Morelos, “Ordenar la casa” se reduce a un lema vacío, una jubilada con pensión dorada sigue mandando, familiares ocupan puestos clave y las víctimas continúan sin justicia. 

El eslogan se estrella contra la realidad de una Fiscalía que, lejos de ordenarse, se hunde en el desorden.

Análisis político de la situación en la Fiscalía General de Morelos

Por Gustavo Dorantes Esquivel.

La coyuntura que se vive en la Fiscalía General de Morelos revela tensiones institucionales que van más allá de los señalamientos periodísticos recientes. 

Los comentarios de los periodistas Evangelista Díaz y Daniel Alcaraz, aludiendo a la necesidad de que el Fiscal Fernando Blumenkrón *“ordene la casa”,* conectan directamente con el discurso de la gobernadora en su primer informe de gobierno, sin embargo, el análisis político exige ampliar la mirada hacia tres dimensiones clave:

*La legitimidad institucional y el discurso oficial*

- La visita de Humberto Henderson, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas, coloca a la Fiscalía bajo un escrutinio internacional en materia de derechos humanos.  

- El compromiso público del fiscal Blumenkrón de garantizar respeto a las víctimas debe traducirse en acciones verificables, pues de lo contrario corre el riesgo de convertirse en un gesto meramente retórico.  

- En política institucional, la legitimidad no se construye con discursos, sino con prácticas consistentes que fortalezcan la confianza ciudadana.

*La gobernanza interna y el trato al personal*

- Las denuncias sobre el comportamiento de Alejandra Cruz Quiroz, quien ocupa un rol político dentro de la Fiscalía, reflejan un problema de liderazgo y cultura organizacional.  

- El maltrato al personal operativo y administrativo no solo erosiona la moral interna, sino que también afecta la eficacia en la atención a las víctimas.  

- La política institucional se mide tanto en la protección de derechos hacia afuera como en la dignidad laboral hacia adentro. Ignorar esta dimensión es perpetuar un círculo de desgaste y desconfianza.

3. La responsabilidad política y la percepción pública

- Los señalamientos de favoritismo, ocultamiento de quejas y uso personal del cargo por parte de Cruz Quiroz proyectan una imagen de clientelismo y desvío de funciones.  

- La salida de figuras como Edgar Maldonado, quien según versiones imponía orden, refuerza la percepción de que la institución se encuentra debilitada en su capacidad de control interno.  

- En política, las percepciones son tan determinantes como los hechos, si la ciudadanía percibe que la Fiscalía protege intereses particulares, la credibilidad institucional se desploma.

La Fiscalía General de Morelos enfrenta un dilema político de fondo, o se convierte en un verdadero garante de derechos humanos y de orden institucional, o se consolida como un espacio de simulación donde las prácticas internas contradicen los discursos oficiales.  

La alusión de los periodistas a “ordenar la casa” no es solo una metáfora, es una exigencia política y social; el Fiscal Blumenkrón, debe decidir si asume el liderazgo transformador que la coyuntura demanda o si permite que figuras como Alejandra Cruz Quiroz continúen debilitando la institución desde dentro.  

En política, la omisión también es una decisión. Y en este caso, la omisión puede costar no solo la credibilidad de la Fiscalía, sino la confianza de las víctimas y de la sociedad morelense en su conjunto.

Esta actividad tuvo como objeto de brindar  pan dulce y café caliente a las personas que enfrentan el frio en las calles, por motivos laborales o familiares, así como servidores públicos como policías y del centro de salud,

Y mas por personas en situaciones vulnerable. 

La actividad se pudo lograr por el apoyo del alcalde Edwin Bojorquez.